Al condenar el aumento de acciones intimidatorias contra la libertad de prensa en el país, Olivo De León, secretario general del gremio, informó que de esos casos 31 se han dado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo Este, 17 en la región del Cibao, tres en el Este y dos en el sur.
Asimismo, informó que de esos 53 casos, 21 corresponden a sometimiento a la justicia y los restantes 32 a agresiones.
Precisó que dentro de esa cantidad se cuenta el asesinato de Normando García, quien trabajó como camarógrafo del programa “Detrás de la Noticia” y productor del programa “Pachanga Mix”, en Santiago de los Caballeros, cuyo crimen todavía no ha sido aclarado por las autoridades correspondientes.
En tanto que de os 21 sometimientos a la justicia se encuentran los productores de televisión Alicia Ortega, de SIN, canal 7, quien fue sometida por unos empresarios y demandada por 500 millones de pesos y anteriormente sus oficinas habían sido tiroteadas. Ella puso en evidencia una mafia que tenían estos “empresarios”.
Los productores de radio y televisión Huchi Lora y Nuria Piera, de CDN Radio, Canal 11 y Canal 9, respectivamente, quienes fueron sometidos porque denunciaron que la empresa Láctos Dominicanos (Ladom) y otras empresas no suministraban la cantidad requerida de nutrientes a la leche que vende a la secretaría de Estado de Educación para el desayuno escolar.
Domingo del Pilar, Aquino Arroyo, Radhamés Gómez Pepín, Miguel Franjul, Ramón Benzán, Odalis Mejía, José Alfredo Espinal y Mario Alvarez Dugan de los periódicos El Nacional, Listín Diario y Hoy, fueron sometidos a la justicia por una persona que sintió afectada por una información ofrecida por la Policía Nacional y publicada en esos medios, que lo involucraba en el secuestro de un comerciante. A petición de esa persona, esos medios habían aplicado el derecho a réplica.
También, Julio Martínez Pozo, Euri Cabral, Daniel García Archibal y Melton Pineda, comentaristas de radio y televisión, fueron sometidos por el entonces titular de la secretaría de Turismo, Félix Jiménez porque se refirieron a su doble condición de funcionario de la cartera y de empresario turístico.
En tanto que Máximo Betances, director de Varo Visión canal 10; Patricio Fernández, director de la emisora Caribe 95.5 FM de Hato Mayor, fueron sometidos para obligarlos a que entregaran a un diputado y al esposo de una jueza los vídeos y las cintas magnetofónicas de los programas del periodista Manuel Antonio Vega, a quien quieren someter a la justicia por difamación e injuria y no tienen pruebas para ello.
Mientras que Víctor Vázquez Sosa, de Bonao TV, canal 10, fue sometido por el dirigente de izquierda, Fernando Peña, quien se sintió ofendido por comentarios del comunicador social relativo a un alijo de armas que éste tenía en su poder y que guardaba en casa de un amigo en Bonao, de donde supuestamente fueron robadas.
Si quisiéramos pasa revista a otros casos tendríamos que citar a Manuel Quiterio Cedeño, columnista del periódico El Caribe y presidente de la Asociación de Periodistas de Turismo, quien denunció acoso y persecución por parte del entonces secretario de Turismo, Félix Jiménez, por artículos críticos a la política de turismo que se aplica en el país, ante lo cual tuvieron que intervenir directivos del sindicato y el Colegio de Periodistas de la República Dominicana.
Lo mismo ocurrió con el entonces fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero y la periodista Nuria Piera, quien se sintió acosada por el funcionario, pues durante una entrevista éste le habría ofendido y asumido una actitud intimidatorio en su contra.
En tanto que Carlos Mercado, del programa “Desde el Estrado”, denunció que fue detenido, esposado e impedido de cubrir periodísticamente un descenso judicial que se realizaba el martes 5 de Febrero en la calle Canoabo No.-9 del sector de Gazcue, y que le incautaron dos cámaras de video, supuestamente por órdenes del Procurador Fiscal Adjunto Adolfo Feliz, las cuales fueron intervenidas para borrar su contenido y devueltas al día siguiente.
Otro caso del Distrito Nacional es el de Vianco Martínez, quien fue arrastrado por gran parte del Teatro Nacional, sacado de ese establecimiento y lanzado a la calle junto a sus instrumentos de trabajo, por parte de espalderos de un empresario artístico, para impedir que éste entrevistara al cantautor español Pedro Guerra.
Más penoso fue el caso del periodista Héctor Gerardo, a quien una patrulla de la Policía comandada por el capitán Berigüete, del destacamento número dos de Villas Agrícolas lo golpeó en la cara con un arma, le rompió su cámara de vídeo, le increpó porque grababa cuando apresaba una persona y no lo mató porque al intentar disparar el arma se “trancó”.
En tanto que a la productora de televisión y comentarista de radio, Consuelo Despradel, defensora de los ríos y el medio ambiente, la llamaron para amenazarla de muerte, arrancarle la lengua y lanzarla al fuego.
Otro periodista objeto de presiones, de gente que lo visitaba para advertirle que tuviera cuidado con su seguridad, de amenazas veladas e incluso de un atraco, es Manuel Quiroz, director del periódico El Caribe y presidente en el país de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien ha mantenido una gran cobertura de los casos que afectan la labor informativa, editorializa sobre la situación del periodismo y la libertad de prensa
Asimismo, sostuvo que el periodista Félix Rubio, del periódico El Nuevo Diario, denunció que fue agredido por parte del encargado de Relaciones Públicas de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, general Miguel Ángel Encarnación.
Dijo que según Rubio, el general Encarnación le retorció un brazo al tiempo que le impidió entrevistar al nuevo titular de las FFAA, expresando a viva voz que lo hacía porque lo había “calentado” con el anterior secretario.
También citó el caso denunciado por la conductora del programa de televisión “La caja de Pandora”, Rosa Silverio, en el sentido de que su asistente de producción Nathalie Almonte y el camarógrafo Sandy Vásquez fueron víctimas de abuso de autoridad por parte del personal de seguridad de la embajada de Estados Unidos, mientras tomaban fílmicas de la fachada de este lugar en enero de este año.
Mientras que al periodista Robert Vargas, del periódico “Primicias”, le tirotearon la casa, se la apedrearon, lo amenazaron de muerte, le sabotearon su periódico digital “Ciudad Oriental”, por lo cual se querelló ante la justicia contra los responsables, lo cual retiró a condición de que pidieran disculpas pública.
ACOSO A PERIODISTAS DE LOS PUEBLOS
El más notorio de estos casos ha sido el asesinato del camarógrafo del programa ·Detrás de la Noticia” y productor del programa de televisión “Pachanga Mix”, Normando García, muerto de 13 balazos mientras conversaba con un taxista, quien también fue asesinado, frente a un lavadero de vehículos en agosto de este año, en el Ensanche La Julia, de Santiago.
A este le siguieron amenazas de muerte contra Esteban Rosario, productor del programa de televisión “Detrás de la Noticia”, también en Santiago.
Otro caso es el del periodista Juan Bonilla, de Santiago, quien este año ha sido objeto de atentado en tres ocasiones, el más reciente fue un mensaje que le enviaron al tirotearle su vehículo, el cual recibió los impactos de cuatro balas de pistola, mientras se encontraba estacionado en el canal 43 donde el periodista produce un programa de televisión que se transmite de ocho a nueve de la mañana a lunes a viernes., mientras que había ocurrido lo mismo contra el vehículo de su esposa, la también periodista Nelly Mirabal.
Mientras que el periodista Octavio Vázquez, de Cotuí, tras denunciar la existencia de puntos de drogas en su barrio, Los Multis, fue apresado un presunto dueño de unos de ellos, quien le amenazó de muerte y después de eso le incendiaron su casa, la cual fue salvada por los vecinos, aunque perdió todos sus ajuares.
Manuel Antonio Vega, de Hato Mayor, ha sufrido amenazas de muerte e intimidaciones por sectores del narcotráfico, así como amenazas de muerte por parte de una jueza de instrucción, y acciones intimidatorias y todo tipo de presiones por parte de un diputado del partido en el poder, quien anunció que próximamente lo someterá a la justicia.
Tomás de la la Cruz y Yanet González, de Salcedo, productores de los programas “Dilo Así” y “Meridiano Informativo”, a través de TV canal 48, fueron amenazados por una persona que asesino a un hermano y después le prendió fuego el cadáver.
Asimismo, Manuel Guillermo Mejía, de Baní, se salvó de milagro y por la intervención de unos vecinos, cuando el entonces fiscal de allí, Víctor Cordero, intentó matarlo por denuncias que había formulado el comunicador en su programa, relativas al narcotráfico.
En tanto que el periodista Víctor Enrique Vázquez Sosa, secretario general de la filial del SNTP en Monseñor Nouel y productor y conductor de un programa de televisión en Bonao, fue sometido a la justicia por un dirigente de una organización de izquierda, quien ya había participado en su programa y había dicho cuanto quiso.
Mientras que el vehículo del periodista Modesto Rodríguez, de Villa Altagracia, fue agredido a pedradas.
Estos hechos estuvieron precedidos por las amenazas de muerte y de incendiar la emisora Vida FM del periodista Johnny Alberto Salazar, de Nagua, por parte de un reconocido narcotraficante de esa localidad.
Además, citó el caso de Fidias David Cuevas, de Nagua, a quien empleados del síndico y personal de seguridad del ayuntamiento de ese municipio le impidieron la entrada a la primera sesión ordinaria de la sala capitular de este año, además de insultarlo y agredirlo.
En tanto que Eduardo Castellanos sufrió el cierre de su programa por orden del gobernador provincial, quien se sintió ofendido por unos comentarios del productor.
Las presiones también tocaron a Santo Vázquez, de Monte Cristi, cuyo senador Hanz Vieluf, lo mantiene en zozobra y ha hecho todo lo posible por sacarlo de los medios de comunicación, debido a la postura critica del comunicador social a la gestión del legislador.
Mientras que El periodista Benny Reyes, el locutor y productor de televisión Rafael Lantigua y su camarógrafo Edson Reynoso fueron salvajemente golpeados por los miembros de la seguridad de la empresa inmobiliaria “Doce Comercial”, quienes los interceptaron, golpearon, rompieron sus cámaras y secuestraron para que no pudieran cubrir las incidencias de un embargo, que supuestamente se hacia de manera ilegal en el distrito municipal de Juan López, de la provincia Espaillat, en perjuicio de la compañía RC Industrial,
Asimismo, denunció el caso de Iván Durán, productor del programa “Punto de Vista”, que se transmite de lunes a viernes, a las once de la noche por Jaravisión, canal 12 de Jarabacoa, cuya vivienda fue tiroteada el sábado dos de agosto. Posteriormente, el comunicador fue amenazado de muerte para que dejara de denunciar el robo de cheques por parte de reconocida Casa de Cambio de su municipio.
Otro caso de acoso fue el de Julio Omar Delgadillo, fotoreportero y secretario general de la filial del SNTP en San Cristóbal, a quien un coronel de la Policía Nacional lo agredió verbalmente y le impidió cubrir las incidencias del entierro de un reconocido narcotraficante en esa ciudad, mejor conocido como el español, mientras que un sobrino del muerto, lo agredió por las espaldas cuando intentaba tomar unas fotos al cadáver.
